La Reforma a la Ley Federal del Trabajo en Plataformas Digitales en México busca agilizar la regulación laboral de los trabajadores de aplicaciones como Uber, DiDi, Rappi y Cornershop. Publicada el 24 de diciembre de 2024, esta legislación busca formalizar las condiciones laborales de cientos de miles de repartidores y conductores, otorgándoles derechos y una mayor transparencia, sin comprometer la flexibilidad que define su trabajo.
A partir del 1 de julio de 2025, más de 700 mil trabajadores de estas plataformas serán afiliados de manera obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit. Esta medida, impulsada por la Presidenta de México, busca garantizar derechos laborales sin imponer rigideces.
Los trabajadores que generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo mensual accederán a la cobertura completa del IMSS en cinco ramas fundamentales: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Además, podrán acceder a créditos para vivienda del Infonavit, generando un ahorro mensual en su subcuenta de vivienda. Incluso quienes no alcancen el salario mínimo mensual recibirán protección obligatoria contra accidentes de trabajo.
Las cuotas al IMSS e Infonavit serán compartidas entre las plataformas digitales y los trabajadores, con la aportación del trabajador limitada al 2.5% de su ingreso neto, y solo si percibe más de un salario mínimo al mes. El pago de cuotas será mensual y flexible. El Gobierno federal ha asegurado que no habrá un aumento de impuestos, manteniendo las actuales reglas fiscales de ISR e IVA para estos trabajadores.
Una de las innovaciones más relevantes de esta reforma es la regulación de la gestión algorítmica. Se establece que las reglas de asignación de pedidos o viajes deberán ser claras, comprensibles, auditables y revisables por personas. Esto significa que ‘nadie puede ser desconectado por un robot sin derecho a una audiencia’, y la desconexión inmediata solo se permitirá en casos graves como fraude o riesgos de seguridad, siempre con notificación clara y justificación.
Además, las plataformas deberán contar con personal para resolver conflictos, en lugar de depender únicamente de sistemas automatizados. La reforma también prohíbe que las plataformas cobren a los trabajadores por el uso de la aplicación y el uso de contratos simulados para evadir responsabilidades laborales. Se exigirá la firma de un contrato por escrito con cada trabajador, y se establecerán protocolos especiales contra el acoso y hostigamiento, incluyendo una perspectiva de género.
La creación de este nuevo marco legal fue resultado de un ‘amplio diálogo’ con empresas del sector, organizaciones de trabajadores, el IMSS, el Infonavit y el SAT, sumando cerca de 50 reuniones. La implementación de la reforma se llevará a cabo de manera gradual. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025, se realizará una etapa piloto para probar y ajustar el modelo, permitiendo al IMSS y a la STPS trabajar con empresas y trabajadores para perfeccionar el sistema.
A pesar de los avances que representa la reforma, ha generado una ‘profunda división’ entre los cerca de 700 mil repartidores y choferes. Mientras algunos la celebran como una ‘victoria histórica’, otros la perciben como una amenaza a su flexibilidad e ingresos. Organizaciones como Repartidores Unidos de México exigen ‘condiciones claras’ para su incorporación al IMSS y denuncian no haber sido incluidos en las mesas de diálogo.
La incertidumbre radica en cómo se calcularán los ingresos, el porcentaje de las cuotas y el impacto en sus finanzas personales. Algunos incluso han manifestado abiertamente no querer ser afiliados al Seguro Social, argumentando que los descuentos afectarían significativamente sus ganancias netas, que ya consideran bajas al descontar gastos operativos. La entrada en vigor definitiva de la ley está prevista para el 1 de enero de 2026, con lineamientos oficiales próximos a publicarse en el Diario Oficial de la Federación.