El Fondo de Pensiones para el Bienestar, una reforma polémica del sistema de pensiones en México es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementó el 1 de mayo de 2024, en el marco del Día del Trabajo. Esta medida ya fue oficializada mediante un decreto, busca corregir los efectos negativos de las reformas de 1997 y 2007.
El gobierno federal sostiene que este nuevo fondo público tiene como objetivo garantizar pensiones dignas y suficientes para los trabajadores mexicanos, elimina las reformas implementadas durante los mandatos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, las cuales, según Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, condenaron a muchos a «pensiones de miseria».
¿Cómo funcionará?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar funcionará como un fideicomiso público administrado por el Banco de México. Su propósito principal es complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea igual o menor al salario promedio mensual de los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se espera reunir cerca de 40,000 millones de pesos (aproximadamente 2,351 millones de dólares) provenientes de ahorros no reclamados en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) de personas de 70 años o más que estén inactivas.
El decreto estipula que los fondos de cuentas de ahorro inactivas de personas mayores de 70 años se transferirán al nuevo fondo. Las Afores deben notificar a los trabajadores o sus beneficiarios un año antes de realizar esta transferencia, y también cuando se haya efectuado.
Bajo la nueva legislación, los trabajadores que cotizan bajo el esquema de 1997 del IMSS podrán jubilarse con el 100% de su último salario. Esto implica que la pensión mínima será de 16,777 pesos, equivalente al salario mensual promedio registrado en el IMSS en 2023, ajustado por la inflación estimada para 2024. Esta cantidad se actualizará anualmente cada 1 de enero según la inflación prevista.
¿Cuándo entra en vigor?
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor el 1 de mayo, con la primera pensión pagada bajo este fondo prevista para el 1 de julio de 2024. Durante la segunda quincena de junio, las Afores y otras fuentes de financiamiento deberán transferir los recursos necesarios al fondo. Posteriormente, un comité técnico formado por diversas instituciones involucradas, como el Banco de México y las secretarías de Hacienda, Gobernación y Trabajo, establecerá las reglas de operación y el régimen de inversión del fondo. Además, se firmará un contrato de fideicomiso con el Banco de México.
Para facilitar la transición, se abrió una ventanilla única en las instituciones pertinentes a mediados de mayo, destinada a ofrecer orientación a los trabajadores y pensionados sobre la reforma y sus beneficios. Luisa María Alcalde anunció una campaña para informar a aquellos que desconocen la existencia de sus fondos y cómo reclamarlos.
Uno de los aspectos más debatidos es la sostenibilidad financiera del fondo. El presidente López Obrador dijo que, además de los fondos transferidos de las Afores, el financiamiento provendrá de ahorros generados por la desaparición de instituciones, la venta de bienes inmuebles en desuso del gobierno, y el cobro de deudas a instituciones federales, órganos autónomos y administraciones municipales.
Aunque se estima recibir unos 2,351 millones de dólares de las Afores, López Obrador reconoció que aún no se tiene una cantidad exacta de las demás fuentes de financiamiento. Según el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, se prevé que el fideicomiso público necesitará 130,000 millones de pesos para operar durante los próximos 10 años, con el gobierno actual aportando la mitad, es decir, aproximadamente 60,000 millones de pesos.
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