En 2025, una reforma importante al sistema de pensiones en México entró en vigor, beneficiando a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que comenzaron a cotizar bajo la ley del Seguro Social; por ello, Ley 97 del IMSS, trabajadores con estos criterios reciben pensión $17,748.
Esta modificación busca corregir una desigualdad histórica, garantizando una pensión mínima mensual de $17,748 pesos para quienes cumplan con ciertos requisitos. Este cambio representa un avance significativo en la protección social de los trabajadores, asegurando una jubilación más digna.
Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, haber cotizado bajo la ley del 97, tener al menos 65 años al momento de solicitar la pensión, contar con un historial de cotización comprobable y percibir un ingreso base promedio igual o menor a los $17,748 pesos mensuales. Estos criterios buscan focalizar el apoyo en quienes más lo necesitan, garantizando que el fondo se utilice de manera eficiente.
Es importante destacar que quienes se pensionen antes de los 65 años recibirán únicamente lo que les corresponda por su ahorro, sin derecho al complemento del fondo. Esta medida busca incentivar a los trabajadores a planificar su retiro de manera adecuada, asegurando que puedan beneficiarse del monto garantizado al alcanzar la edad estipulada.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar no solo incluye a los trabajadores del IMSS, sino también a aquellos afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales de la ley de 2007. Esto amplía el alcance de la reforma a miles de servidores públicos en situación similar, asegurando que más personas puedan beneficiarse de una pensión digna.
Con esta política, el gobierno busca garantizar una jubilación más digna para quienes, a pesar de décadas de trabajo formal, enfrentaban pensiones insuficientes bajo el esquema individual. No obstante, también implica retos financieros importantes para el Estado, que deberá mantener y administrar con eficiencia el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La sostenibilidad de este fondo será crucial para el éxito a largo plazo de la reforma.
Por ello, se recomienda a los trabajadores revisar su estado de cuenta AFORE, verificar sus semanas cotizadas y planificar su retiro con base en esta nueva legislación. La planificación financiera personal se vuelve más relevante que nunca, permitiendo a los trabajadores tomar decisiones informadas sobre su futuro económico.
Esta reforma representa un paso importante hacia la equidad en el sistema de pensiones, pero también plantea desafíos significativos. La administración eficiente del fondo y la correcta implementación de los criterios de elegibilidad serán clave para asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.