Con la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997, el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio un giro radical que ha impactado a millones de trabajadores en México. A partir del 1 de julio de ese año, todos los nuevos cotizantes quedaron inscritos automáticamente bajo un nuevo régimen, conocido como Ley 97, dejando atrás los beneficios del esquema anterior, la Ley 73.
La diferencia central entre ambos modelos está en el tipo de pensión que ofrecen. Mientras que la Ley 73 funcionaba bajo un esquema de beneficio definido, en el que el Estado garantizaba una pensión mensual vitalicia, la Ley 97 opera bajo el modelo de contribución definida, es decir, la pensión final depende del ahorro acumulado por el trabajador en su cuenta individual administrada por una Afore, y de los rendimientos obtenidos durante su vida laboral.
Bajo la Ley 97, el IMSS ya no otorga una pensión como tal a los trabajadores que comenzaron a cotizar después de julio de 1997. Deberán financiar su retiro con lo acumulado en sus cuentas, lo que ha generado incertidumbre, especialmente entre quienes han tenido ingresos bajos, empleos intermitentes o escasa capacidad de ahorro.
Una de las principales críticas al nuevo sistema es que no garantiza un ingreso vitalicio, a menos que se opte por una modalidad como la renta vitalicia (contratada con una aseguradora). Si se elige el retiro programado, la pensión se entrega hasta que se agoten los fondos. Además, los pensionados bajo este esquema no reciben incrementos automáticos ligados al salario mínimo o al índice inflacionario, como sí ocurre con la Ley 73.
Otro cambio considerado negativo es el aumento en el número de semanas cotizadas requeridas. La Ley 73 permitía jubilarse con 500 semanas, mientras que la Ley 97 originalmente exigía 1,250 semanas, aunque una reforma en 2020 ha comenzado a reducir gradualmente ese requisito: 850 semanas para 2025 y 1,000 para 2031. Aun con estos ajustes, el nuevo umbral sigue siendo el doble del anterior, lo que complica el acceso a la pensión, sobre todo para quienes han tenido interrupciones laborales.
Ante este nuevo contexto, expertos y autoridades recomiendan fomentar el ahorro voluntario y la educación financiera desde una etapa temprana de la vida laboral. Algunas estrategias disponibles incluyen:
- Planes Personales de Retiro (PPR): con beneficios fiscales y crecimiento a largo plazo mediante interés compuesto.
- Aportaciones voluntarias a la Afore: que pueden realizarse de forma flexible y con bajo monto mínimo.
- Seguros de retiro: que garantizan una tasa mínima y protegen el ahorro contra riesgos imprevistos.
La transición al sistema de la Ley 97 ha generado una percepción generalizada de pérdida de derechos en materia de jubilación. Sin una pensión garantizada por el Estado y con mayores requisitos, el nuevo modelo impone al trabajador la carga de planear y asegurar su futuro financiero.