El reciente incremento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ha generado nuevamente preocupación en sectores laborales y pensionados en México, debido al impacto directo que tendrá en diversas prestaciones sociales y cálculos económicos.
Desde su implementación, la UMA sustituyó al salario mínimo como referencia para determinar el monto de obligaciones fiscales, créditos hipotecarios, multas y, de manera relevante, la actualización anual de pensiones, lo que ha desencadenado constantes debates sobre su pertinencia.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde el 1 de febrero de 2025, el valor diario de la UMA aumentó a $113.14. Este incremento incide directamente en la asignación de prestaciones laborales como vales de despensa, alimentación y habitación, además de modificar los límites para premios de puntualidad y asistencia.
Asimismo, impacta el cálculo de multas, impuestos y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), generando ajustes significativos en las finanzas personales y empresariales.
De la misma forma, la actualización de la UMA modifica el tope máximo del salario base de cotización (SBC) del IMSS, fijado en 25 veces la UMA, alcanzando ahora los $2,828.50 diarios.
Este ajuste implica cambios en la base de cotización, afectando particularmente a trabajadores con mayores ingresos y a las empresas que deberán aumentar proporcionalmente sus contribuciones patronales.
Este incremento, aunque basado en la inflación, no siempre refleja el crecimiento real de los ingresos laborales, generando un desfase económico. Por otra parte, las pensiones calculadas bajo el régimen de 1973 del IMSS son una de las prestaciones más afectadas por la UMA.
Previo a su creación, estas pensiones se actualizaban conforme al incremento anual del salario mínimo, lo que permitía un ajuste más favorable.
Sin embargo, al ligarse a la UMA, el incremento es menor debido a que esta solo refleja la variación inflacionaria, causando una pérdida gradual en el poder adquisitivo de los pensionados, situación que ha sido denunciada repetidamente por sindicatos y organizaciones civiles.
De hecho, un estudio reveló que en 2017 (primer año de la implementación de la UMA), las pensiones actualizadas con el salario mínimo habrían registrado un incremento de 9.6%, comparado con apenas un 3.3% utilizando la UMA, mostrando claramente cómo esta medida afecta negativamente la calidad de vida de los jubilados.
Estos efectos se han venido haciendo más notorios en los últimos años, debido a que los salarios mínimos se han ido acelerando en mayor porcentaje al estancado ajuste de la UMA, que se basa en la inflación.
Es por eso que mientras en 2025 la mínima garantizada del IMSS con Ley 73 supera los $9,400 pesos, hay viejos pensionados con cobros inferiores a los 5 mil pesos mensuales.
Ante estos resultados, distintos sectores han solicitado revisar el uso de la UMA en pensiones para proteger los derechos económicos de millones de trabajadores retirados, señalando que esta problemática podría agravarse si no se toman acciones concretas desde las políticas públicas del país.