El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los pilares de los Programas para el Bienestar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzó hacia su consolidación constitucional. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 473 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución, lo que representa un respaldo unánime a esta iniciativa.
La reforma, propuesta por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, forma parte de un paquete de iniciativas destinadas a consolidar la Cuarta Transformación en la vida pública del país, también conocida como Plan C. El dictamen aprobado establece que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal.
El objetivo es que estos jóvenes se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas. Esta dinámica es precisamente la que caracteriza a Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo propósito es facilitar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral mediante una estancia de 12 meses en alguna empresa, negocio, comercio o taller, donde reciben capacitación y un apoyo económico mensual.
Desde su implementación en 2019, el Gobierno de México ha destinado 128 mil 816 millones 520 mil 141.33 pesos en pagos de apoyos económicos y seguro médico a los 2.97 millones de jóvenes beneficiarios del programa. Los jóvenes reciben el equivalente al salario mínimo mensual —7 mil 572 pesos actualmente— y el seguro médico del IMSS, lo que les proporciona una base económica y de salud mientras se capacitan.
La aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados es solo el primer paso en el proceso de constitucionalización del programa. La minuta será enviada al Senado para su aval con mayoría calificada. Posteriormente, la iniciativa deberá ser aprobada por más de la mitad de los Congresos estatales del país antes de ser promulgada por el Poder Ejecutivo.