Uno de los beneficios por parte de la Secretaria del Bienestar, es la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (PPBPDP), pero de acuerdo con una evaluación hecha por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tiene una cobertura de solo el 65% a las personas a la que va dirigido.
Anudado a la escasa cobertura, también se suman fallas en la organización y difusión, que generaba confusión tanto en el sector administrativo como en los beneficiarios del programa, reporta Coneval. Pues, aunque comenzó con un apoyo para niños y niñas con discapacidades permanentes, se tiene planes de que se amplie a otras edades para que haya una mayor cobertura universal.
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Pensión Bienestar para personas con discapacidad permanente
Este programa cubre en casi la mayoría de los estados un apoyo a niños y niñas con una discapacidad permanente, hasta los 29 años, y aunque en algunas ocasiones el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que esta para todas las personas de esta edad, ha tenido que agregar que todavía faltan acuerdos con algunos estados del país para que sea de cobertura universal.
Desde su creación en el 2019, apenas en el 2021 la Secretaría de Bienestar tuvo a disposición 15 mil 500 millones para atender 990 mil 967 personas con una discapacidad, lo que equivale al 65.37% de la población a la que va dirigida este programa, de acuerdo a un estudio por la Coneval.
Falta una mayor difusión para el programa y sus beneficiarios
Un motivo de la falta de difusión y claridad en la información del programa pues, aunque se da prioridad en los requisitos para ingresar al programa, y el monto que reciben, se necesita aún más información para los cuidadores sobre beneficios extras como el pago de marcha o los vales para el bienestar entre algunos datos.
A todo esto, el Coneval pide una mayor claridad sobre los criterios necesarios para participar en el programa, empezando sobre cuál es la definición que se tiene por “discapacidad permanente” y así poder informar tanto a los beneficiarios como a los funcionarios con quién se hace el trámite por qué pueden recibir un rechazo.
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