El robo de energía eléctrica es un problema que sigue sin resolverse, ni en la actual administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pues en la actualidad la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufre pérdidas anuales por hasta 50 mil millones de pesos que se ocasionan por prácticas ilegales en la red del Sistema Eléctrico Nacional como son el empleo de “diablitos” o la alteración de medidores eléctricos entre otros actos ilícitos que la paraestatal ni la Secretaría de Energía (Sener) se dan abasto para solucionar.
Aunque el Gobierno federal de la 4T ha asumido el reto de disminuir estas pérdidas que representan el 11.62% del volumen facturado de ventas al término del primer semestre de este año, hasta un promedio de 8% anual, lo cual es el índice internacional de referencia.
El mismo Consejo de Administración de la Comisión, liderado por Rocío Nahle quien es la titular de la Secretaría de Energía (Sener), reprobó la manera en que se ha manejado el problema en los primeros dos años del actual sexenio.
La dificultad es tan grande que la Secretaría calcula que sólo hasta el 2024 México tendría un nivel de pérdidas al menos correspondiente con las referencias internacionales, como se estima en el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2021-2023 que se publicó en el mes de junio.
En este escenario, es el llamado “huachicol eléctrico” el que va ganando a la CFE, ya que en el país hay 40 mil 784 usuarios en asentamientos irregulares que no tienen contrato y se abastecen de forma ilegal de electricidad pero que se pretende regularizar antes del 2025 para que dejen de causar pérdidas a la empresa productiva del Estado.
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La Sener además indica que en México se tienen que modernizar en los siguientes cinco años 5.77 millones de medidores que ya sobrepasaron su vida útil o que fueron intervenidos por personas que buscan pagar menos en su recibo de luz al hacer que registren una cantidad menor a su consumo real.
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Por otra parte, a lo largo de todo el territorio mexicano y en localidades tanto rurales como urbanas se encuentran numerosas líneas clandestinas que se conectan a los cables de distribución de la CFE para desviar el flujo eléctrico y dotar de energía a hogares y negocios como mercados ambulantes, entre otros.
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