La Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un pilar fundamental para la seguridad social en México. Esta legislación es especialmente relevante para aquellos trabajadores que iniciaron sus cotizaciones antes del 1 de julio de 1997. Su objetivo es asegurar una pensión digna al momento del retiro, proporcionando un respaldo económico durante la jubilación.
La pensión mínima garantizada es un mecanismo de protección social diseñado para asegurar que los trabajadores tengan acceso a un ingreso mensual en su retiro. Este beneficio es para aquellos cuyo historial de cotización o salario promedio no les permite alcanzar una pensión superior. Financiada a través de las aportaciones al IMSS y, en algunos casos, con apoyo del gobierno federal, esta pensión garantiza un ingreso base para cubrir necesidades básicas.
Para junio de 2025, la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 del IMSS asciende aproximadamente a $9,407 pesos mensuales. Este monto ha sido ajustado para reflejar la inflación y los cambios en el salario mínimo general en México. Aunque puede haber ligeras variaciones según la zona geográfica y futuros incrementos del salario mínimo, esta actualización representa una noticia positiva para los beneficiarios de la Ley 73.
Para ser beneficiario de la Ley 73 y acceder a la pensión mínima garantizada, es necesario cumplir con ciertos requisitos clave:
- Haber comenzado a cotizar al IMSS antes de 1997.
- Haber cumplido con al menos 500 semanas de cotización ante el IMSS.
- Haber alcanzado la edad mínima de retiro: 60 años para cesantía en edad avanzada o 65 años para vejez.
El cálculo de la pensión bajo la Ley 73 se basa en el promedio del salario de las últimas 250 semanas cotizadas y el total de semanas de cotización acumuladas. Si el resultado de este cálculo es inferior al monto mínimo establecido, el trabajador tiene derecho a recibir el monto mínimo garantizado. Este esquema es esencial para garantizar un ingreso digno a quienes percibieron salarios bajos durante su vida laboral.
La Ley 73, aunque coexiste con el nuevo régimen de pensiones bajo la Ley 97, mantiene su vigencia y relevancia para una parte de la población trabajadora de México. Su capacidad para proporcionar un ingreso estable y digno en la jubilación la convierte en una herramienta invaluable para la seguridad social del país.