México está a punto de experimentar un cambio histórico en su panorama laboral digital. A partir del 1 de julio de 2025, la Reforma a la Ley Federal del Trabajo en Plataformas Digitales hará obligatoria la afiliación de más de 700 mil repartidores y conductores de aplicaciones como Uber, DiDi, Rappi y Cornershop al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit.
La reforma, publicada el 24 de diciembre de 2024, fue impulsada por la Presidenta de México y es el resultado de un «amplio diálogo» con empresas del sector, organizaciones de trabajadores, el IMSS, el Infonavit y el SAT, sumando cerca de 50 reuniones. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, ha destacado que esta legislación incorpora un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo, reconociendo una relación laboral «sui generis» que equilibra la protección social con la autonomía de los trabajadores.
El nuevo esquema beneficiará a miles de personas que, por primera vez, accederán a derechos laborales y protección social. Quienes generen ingresos iguales o superiores al salario mínimo mensual tendrán acceso a la cobertura completa del IMSS en cinco ramas:
- Riesgos de trabajo: cobertura médica, licencias e indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales.
- Enfermedades y maternidad: atención médica, licencias por incapacidad y apoyos económicos.
- Invalidez y vida: pensión o indemnización por incapacidad permanente y protección para familiares en caso de fallecimiento.
- Cesantía en edad avanzada y vejez: acceso a pensión para el retiro.
- Guarderías y prestaciones sociales: cuidado infantil, actividades recreativas y programas sociales.
Además de la cobertura de salud y seguridad social, estos trabajadores podrán acceder a créditos para vivienda del Infonavit, generando un ahorro mensual en su subcuenta de vivienda. Es importante señalar que, incluso aquellos que no alcancen el salario mínimo mensual, recibirán protección obligatoria contra accidentes de trabajo durante el tiempo laborado, sin necesidad de pagar cuotas.
Las cuotas al IMSS e Infonavit serán compartidas entre las plataformas digitales y los trabajadores, con la aportación del trabajador limitada al 2.5% de su ingreso neto, y solo si percibe más de un salario mínimo al mes. El pago de cuotas será mensual y flexible, calculado con base en el ingreso neto que será determinado por la STPS a través de lineamientos próximos a publicarse. El Gobierno federal ha asegurado que no habrá un aumento de impuestos, manteniendo las actuales reglas fiscales de ISR e IVA para estos trabajadores.
La reforma trae consigo cambios en la relación entre plataformas y trabajadores, garantizando mayor transparencia y derechos. Entre los aspectos más destacados se encuentran:
- Transparencia en los algoritmos: Las reglas de asignación de pedidos o viajes deberán ser claras, comprensibles, auditables y revisables por personas.
- Atención humana a quejas: Las plataformas deberán contar con personal para resolver conflictos.
- Prohibición de cobros indebidos: Las plataformas ya no podrán cobrar a los trabajadores por el uso de la aplicación.
- Contrato por escrito obligatorio: Se exigirá la firma de un contrato por escrito con cada trabajador.
- Protocolos contra acoso y hostigamiento: Se establecerán protocolos especiales que incluyen una perspectiva de género.
- Reparto de utilidades: Quienes laboren al menos 288 horas efectivas al año tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa.
La implementación de esta reforma se llevará a cabo de manera gradual, iniciando con una etapa piloto del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025. Durante este periodo, el IMSS y la STPS trabajarán con empresas y trabajadores para probar y ajustar el modelo. La entrada en vigor definitiva de la ley está prevista para el 1 de enero de 2026. Las empresas que incumplan con la nueva normativa podrán enfrentar multas significativas, que van desde 250 hasta 25 mil veces la UMA.
A pesar de los avances que representa la reforma, ha generado una «profunda división» entre los cerca de 700 mil repartidores y choferes.
Organizaciones como Repartidores Unidos de México y Ni un Repartidor Menos, aunque no se oponen a la reforma en sí, exigen «condiciones claras» para su incorporación al IMSS y denuncian no haber sido incluidos en las mesas de diálogo. Su preocupación está principalmente centrada en cómo se calcularán los ingresos, el porcentaje de las cuotas y el impacto en sus finanzas personales.