Desde la entrada en vigor de la reforma constitucional del 27 de enero de 2016, el sistema de pensiones en México enfrenta un cambio estructural que ha generado inconformidad entre miles de jubilados. La modificación desvinculó el salario mínimo como referencia legal y creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que hoy sirve como base para calcular obligaciones como multas, créditos y, en muchos casos, las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La intención original de esta reforma fue evitar que los aumentos al salario mínimo tuvieran efectos inflacionarios en otras obligaciones financieras. No obstante, su aplicación en el ámbito de las pensiones ha tenido consecuencias imprevistas y desventajosas para los trabajadores retirados.
Para ilustrar el impacto: en 2025, el salario mínimo tuvo un aumento del 12%, alcanzando los $278.80 diarios, mientras que la UMA subió solo 4.21%, situándose en $113.14 diarios. Esta diferencia representa una reducción real en el poder adquisitivo de quienes reciben su pensión bajo el esquema de la UMA.
En cambio, los pensionados cuyo cálculo se hace con base en la UMA enfrentan una pensión mucho menor, lo que ha encendido el debate sobre la equidad del sistema y el respeto a los derechos de los trabajadores, quienes durante su vida laboral realizaron aportaciones basadas en su salario real.
La brecha entre el salario mínimo y la UMA preocupa en diversos sectores, que argumentan que la implementación de esta medida perpetúa desigualdades y afecta directamente la calidad de vida de los jubilados.
Además, muchos de los afectados señalan que el cambio no respeta el principio de proporcionalidad, ya que la pensión que reciben no guarda relación justa con lo que aportaron al IMSS durante años.