A partir de 2025, las pensiones otorgadas bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciben un aumento anual ajustado a la inflación. Este cambio, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca contrarrestar el impacto del costo de vida en los ingresos de los jubilados. Los principales beneficiarios son quienes reciben la Pensión Mínima Garantizada, con un incremento que podría alcanzar hasta el 12% en los pagos mensuales.
El aumento del 12% en la Pensión Mínima Garantizada responde al objetivo gubernamental de que el salario mínimo llegue a equivaler a 2.5 veces el costo de una canasta básica, superando el actual promedio de 1.6 canastas básicas. Este ajuste es necesario para mejorar la calidad de vida de los jubilados que dependen de esta pensión, permitiéndoles enfrentar mejor los desafíos económicos actuales.
Anteriormente, las pensiones bajo este régimen se ajustaban conforme al salario mínimo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que modificó este esquema unos años atrás, alineándolo ahora con la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este cambio ha generado debate, ya que el incremento anual de las UMAs es menor al del salario mínimo, afectando el poder adquisitivo de los pensionados.
Las Unidades de Medida y Actualización inciden en el cálculo de las pensiones, determinando el tope máximo de estas. Debido a que su incremento anual es menor al del salario mínimo, el poder adquisitivo de los pensionados puede verse afectado con el tiempo. Esta situación ha generado inconformidad, pues implica una pérdida económica considerable para quienes dependen de estos ingresos.