A partir de 2025, los jubilados que pertenecen al régimen de la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) experimentarán ajustes en sus pensiones, los cuales estarán determinados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Este cambio reemplaza el esquema previo basado en el salario mínimo, garantizando que las pensiones mantengan su poder adquisitivo en función de la inflación.
Aunque esta modificación aplica a todos los pensionados bajo la Ley 73, beneficiará especialmente a quienes reciben la Pensión Mínima Garantizada, pues en este caso los incrementos anuales podrían alcanzar hasta un 12%. Esta medida representa un alivio económico para miles de jubilados en México, ya que sus ingresos crecerán conforme al aumento del costo de vida.
La reforma aprobada en 2023 establece que los aumentos en las pensiones se calcularán con base en el INPC. Este mecanismo busca evitar la pérdida de valor adquisitivo de los pagos mensuales frente al encarecimiento de bienes y servicios.
Por ejemplo, si un jubilado actualmente percibe $10,000 pesos mensuales y la inflación se mantiene en un 4.5%, su pensión aumentaría en aproximadamente $450 pesos mensuales. Además, a nivel nacional, la Pensión Mínima Garantizada se fijará en $8,364 pesos al mes (equivalentes a $278.80 diarios).
- Pensión por vejez: Se otorga a partir de los 65 años y permite incrementos hasta alcanzar el 100% del monto calculado.
- Pensión por cesantía: Disponible para trabajadores entre 60 y 64 años, con porcentajes que disminuyen progresivamente, desde el 75% de la pensión al cumplir 60 años hasta el 100% a los 65.
Ambas modalidades requieren un mínimo de 500 semanas cotizadas, lo que equivale a al menos 10 años de contribuciones al IMSS.
Aunque la reforma no vincula el cálculo de las pensiones al salario mínimo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto incrementarlo hasta alcanzar un valor equivalente a 2.5 canastas básicas, por encima del promedio actual de 1.6. Si bien este ajuste no influirá directamente en las pensiones de la Ley 73, sí podría contribuir al bienestar de los jubilados al mejorar las condiciones económicas generales del país.