Las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) limitan a las empresas privadas mientras favorecen solamente a las empresas productivas estatales, como el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El 11 de junio pasado fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones referidas al rubro del comercio exterior, tras lo cual la Coparmex emitió un comunicado de prensa advirtiendo que las medidas transgreden los principios constitucionales que buscan garantizar tanto la libre concurrencia como la libre empresa, puesto que se afecta el acceso de la iniciativa privada a las autorizaciones o prórrogas necesarias para hacerse de un Lugar Distinto al Autorizado (LDA) en materia de entrada o salida de hidrocarburos.
La asociación, presidida por José Medina Mora alerta que esta medida beneficiaría de modo “exclusivo e indebido” a Pemex, como también a la CFE frente a otras empresas, al permitírseles ser los únicos que importen o exporten en sitios diferentes a los recintos fiscales.
Afirmó también que de este modo se está violando el principio constitucional de igualdad, que debería ser imperante entre las empresas que participan del sector energético, y más grave aún, se obtendría un impacto negativo en el suministro de combustible tanto a usuarios como usuarios finales que consumen a proveedores que no sean los administrados desde el Estado.
El organismo consideró que, al actuar de esta manera, la autoridad está restringiendo la operación de las terminales marítimas particulares de almacenamiento de petrolíferos, además de limitar las empresas privadas que se dedican a importar combustibles en sus opciones para almacenar los mismos, como también limita las posibilidades de contar con puntos de internación y la variedad de suministro que puedan disfrutar los usuarios finales, lo que pone en riesgo la seguridad energética nacional.
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Otro asunto en que la Coparmex se detuvo es en que también las exportaciones de minerales contarán con restricciones a pesar de que no es un sector en el que el Estado ejerza actividades económicas ni cuente con empresas paraestatales. Esto, dice el comunicado, puede afectar la competitividad incrementando consecuentemente los costos en un sector económico que se dedica a la exportación del excedente del mercado nacional.
Las inversiones comprometidas en México pueden sufrir repercusiones, afectando adicionalmente la generación de empleo y la recaudación fiscal. Por lo que la Coparmex llamó a contar con reglas claras y equitativas en las que el orden jurídico sea respetado.
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